Ponente: Manu García (CNT/ICEA España)
Fecha: Viernes 23 de octubre
Hora: 5:30pm
Lugar: Auditorio Eduardo Umaña Mendoza - Sintrateléfonos (Cra 8 #20-57)
Organiza: Red Libertaria Popular Mateo Kramer
www.redlibertariapmk.org
Esta misma transnacional ahora conocida como la CHIQUITA BRANDS o BANADEX S.A. el 15 de mayo de 2004 confesó haber entregado 1.7 millones de dólares en un periodo que va desde 1997 hasta 2004 a las Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Según el juez federal de los Estados Unidos Royce Lamberte más de 100 pagos fueron aprobados por directivos de alta jerarquía de la empresa con sede en Cincinnati - Ohio. Producto de la confesión una Corte Federal acepto provisionalmente el acuerdo entre la transnacional y la fiscalía y deberá pagar 25 millones de dólares en cinco cuotas de 5 millones cada una.
En octubre de 2001 la Comisión de Cambios y Valores de Estados Unidos le impuso a la Chiquita Brands una multa de 100.000 dólares, por haber sobornado a empleados del Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia DIAN para que le expidieran la licencia aduanera y portuaria en el municipio de Turbo en el Urabá Antioqueño. El caso en Colombia fue archivado.
Impunidad Total.
Por esta y otras razones, el Tribunal permanente de los Pueblos que sesiona en el país desde el mes de abril de 2006, bajo la coordinación del OBSERVATORIO SOCIAL DE EMPRESAS TRANSNACIONALES, MEGAPROYECTOS Y DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA, inició un proceso de juzgamiento contra la CHIQUITA BRANDS por los delitos de FINANCIAMIENTO DE GRUPOS TERRORISTAS y TRAFICO DE ARMAS CON DESTINO A GRUPOS PARAMILITARES EN COLOMBIA."Por lo pronto, la Nacional ha reducido su programa de becas de posgrado a la mitad -de 500 a 250-, suspendió varios proyectos de investigación y no ha podido cumplir con el cronograma previsto para la apertura de sedes en Riohacha y Tumaco. Además, tiene dificultades con la modernización de la plataforma tecnológica, los edificios en Bogotá no tienen estructura antisísmica y ha tenido que restringir sus actividades al mínimo indispensable.
Ante esta difícil situación, los rectores de las 30 universidades públicas han aprovechado que está en discusión el presupuesto general de la Nación, para gestionar ante el Gobierno y el Congreso un aumento de los aportes que han permanecido estables desde 1992 -3 por ciento del presupuesto para Educación con base en el IPC-, y que es lo que explica el déficit de medio billón de pesos que registran esos centros educativos.
Una serie de leyes expedidas en los últimos 17 años que han llevado a la disminución de los recursos de inversión y al aumento de los gastos de funcionamiento, han puesto a muchas universidades contra la pared. La situación es tan grave, que algunas enfrentan ya una situación insostenible que incluso podría llevarlas a cerrar sus puertas. Según un estudio de las universidades Nacional, Antioquia, Valle, Caldas, Cauca, Tecnológica de Pereira, en 2010 todas van a estar en estado crítico. Para resolver la crisis, sostienen los representantes de las universidades, habría que subir del 3 al 9 por ciento el presupuesto destinado a las universidades, lo cual significa 160.000 millones de pesos. La cifra, sin embargo, no alcanza para compensar el déficit acumulado hasta la fecha: medio billón de pesos.
El presidente Uribe y sus ministros de Hacienda y Educación prometieron incluir en el presupuesto del año entrante una partida importante para las universidades, pero los rectores son pesimistas. Creen, por ejemplo, que una mayor proporción de los 50.000 millones en créditos del Icetex que anunció hace unos días el ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, terminarán en manos de estudiantes de universidades privadas.
Las organizaciones de estudiantes y de profesores están en alerta máxima, y advirtieron que saldrán a las calles a protestar si el Gobierno no hace algo para salvar las universidades públicas y empiezan a cerrar programas y a disminuir cupos y becas.
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